Prestadores denuncian falta de pagos y respuestas, mientras crece la incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones. La protesta reabre el debate sobre el funcionamiento de la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires.

La crisis de IOMA volvió a quedar en el centro de la escena con un acampe protagonizado por acompañantes terapéuticos frente a dependencias de la obra social, en reclamo por demoras en los pagos, falta de actualización de honorarios y la ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades.

La protesta refleja un conflicto que, según denuncian los trabajadores, se viene profundizando desde hace meses y que ya no afecta únicamente a los prestadores. Las consecuencias comienzan a sentirse también entre miles de afiliados que dependen de estas prestaciones para sostener tratamientos vinculados a la salud mental, la discapacidad y diversas situaciones de vulnerabilidad.

Los acompañantes terapéuticos sostienen que la demora en los pagos y las dificultades administrativas ponen en riesgo la continuidad de muchos servicios. Advierten que numerosos profesionales ya no pueden sostener económicamente la prestación, generando interrupciones o reducciones en la cobertura.

Mientras tanto, las familias denuncian incertidumbre, demoras en autorizaciones y dificultades para garantizar tratamientos que, en muchos casos, resultan indispensables para la calidad de vida de pacientes con discapacidad, trastornos del desarrollo o padecimientos de salud mental.

La protesta también vuelve a instalar interrogantes sobre la administración de IOMA y su capacidad para responder a una demanda creciente en un contexto económico complejo. Cada conflicto con los prestadores termina trasladándose directamente a los afiliados, quienes quedan atrapados entre reclamos salariales, demoras burocráticas y la necesidad de acceder a prestaciones esenciales.

Desde los sectores movilizados reclaman la apertura de una mesa de diálogo con soluciones concretas, el pago de las deudas pendientes, la actualización de los valores de las prestaciones y mecanismos administrativos que permitan garantizar la continuidad de los tratamientos.

El conflicto amenaza con profundizarse si no aparecen respuestas oficiales. Mientras el acampe continúa, miles de afiliados observan con preocupación cómo la crisis deja de ser un problema administrativo para convertirse en un desafío sanitario y social que impacta directamente sobre quienes dependen de la cobertura de la obra social.

La protesta de los acompañantes terapéuticos no solo pone en discusión las condiciones laborales del sector. También expone las dificultades estructurales de un sistema cuya capacidad para garantizar el acceso efectivo a la salud vuelve a quedar bajo cuestionamiento.

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