Cada vez que un presidente convierte a periodistas y medios de comunicación en enemigos públicos, la discusión deja de ser política y pasa a ser institucional. Porque cuando el poder apunta contra la prensa, lo que está en juego no es solamente una crítica incómoda o una tapa molesta, lo que se pone en riesgo es el derecho de toda la sociedad a estar informada.
La historia mundial está llena de ejemplos donde los gobiernos comenzaron desacreditando periodistas, acusando a medios de “operaciones”, “mentiras” o “campañas”, para luego avanzar sobre libertades básicas. El mecanismo suele repetirse, primero el hostigamiento verbal, después la estigmatización pública y finalmente el intento de disciplinamiento.
Un presidente puede sentirse incómodo frente a investigaciones periodísticas, denuncias o preguntas incómodas. Es lógico. La prensa no está para aplaudir gobiernos ni para actuar como vocera del poder. Su función es controlar, investigar y preguntar lo que muchos prefieren callar. Y justamente allí nace el conflicto, los gobiernos autoritarios o con rasgos intolerantes suelen considerar al periodismo crítico como un obstáculo.

Cuando desde el máximo poder político se instala la idea de que “todos los periodistas mienten”, que “los medios son enemigos” o que “la prensa busca desestabilizar”, se alimenta un clima peligroso. Porque esas palabras no quedan en el aire, generan violencia social, ataques digitales, amenazas y persecución hacia trabajadores de prensa.
La libertad de prensa no significa que los periodistas sean perfectos o intocables. Significa que deben poder investigar y expresarse sin miedo a represalias del Estado. Un presidente democrático tiene herramientas institucionales para responder: conferencias, datos, argumentos y transparencia. Cuando en lugar de eso elige el ataque permanente, el insulto o la descalificación sistemática, deja expuesta una señal alarmante de intolerancia.
Las democracias fuertes toleran críticas. Las democracias débiles buscan silenciarlas.
Y cuando un gobierno necesita convertir a la prensa en el enemigo principal, muchas veces lo que intenta es correr el foco de los problemas reales: crisis económica, corrupción, ajuste, pérdida de derechos o desgaste político. Atacar periodistas suele ser más sencillo que responder preguntas incómodas.

La prensa libre incomoda. Y debe incomodar. Porque cuando el periodismo deja de molestar al poder, deja también de cumplir su función esencial en una sociedad democrática.
No hay democracia fuerte con una prensa amordazada. No hay libertad real cuando el poder usa su investidura para intimidar, hostigar o señalar a quienes investigan. Atacar a la prensa jamás será un acto de valentía política, es, muchas veces, la reacción desesperada de quienes no toleran el escrutinio público.