La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a cargar contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y lo responsabilizó por el avance del delito en la provincia más grande del país. El cruce expone algo más profundo: una disputa de poder donde la seguridad se convirtió en un arma política.

La inseguridad en la Provincia de Buenos Aires dejó de ser solo una preocupación social para transformarse en un eje de confrontación directa entre Nación y Provincia. En ese marco, Bullrich apuntó sin matices contra Kicillof, a quien acusó de “no hacerse cargo” de la crisis y de sostener una política “permisiva” frente al delito.
El mensaje no es ingenuo. Desde el gobierno nacional buscan instalar la idea de que el territorio bonaerense es una zona liberada, una narrativa que golpea directamente el corazón político del peronismo. Del otro lado, en La Plata, el kicillofismo responde que se trata de un intento de desviar responsabilidades y encubrir el impacto del ajuste económico en el crecimiento del delito.

Pero más allá del cruce de declaraciones, la realidad es incómoda para ambos. La provincia concentra algunos de los índices delictivos más altos del país, y la coordinación entre fuerzas federales y provinciales sigue siendo errática. Mientras tanto, los vecinos quedan atrapados en el medio de una discusión que sube de tono pero no ofrece soluciones concretas.
Bullrich endurece el discurso y busca capitalizar el reclamo social por seguridad, un terreno históricamente fértil para construir poder político. Kicillof, en cambio, intenta resistir el embate defendiendo su gestión y señalando la falta de apoyo nacional. El resultado es una escalada verbal que, lejos de traer respuestas, profundiza la grieta.
La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿quién se hace cargo de la inseguridad? Porque mientras la discusión se libra en los medios y en los atriles, en las calles de la Provincia el miedo no baja. Y la política, una vez más, parece correr detrás de los hechos.