Organizaciones sociales advierten sobre recortes, auditorías y pérdida de derechos, mientras el Gobierno defiende una reestructuración “necesaria” del sistema de asistencia.
Las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei volvieron a quedar en el centro de la polémica, esta vez por su impacto en uno de los sectores más vulnerables: las personas con discapacidad. En las últimas semanas, diversas organizaciones y especialistas encendieron señales de alerta ante posibles recortes, revisiones de pensiones y cambios en los mecanismos de asistencia estatal.
Por un lado, las denuncias de presuntas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en las cuales son señalados el titular de ANDIS Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y cercano al presidente Javier Milei,, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, por supuesto retornos del 3 % y por otro, el impacto de las medidas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei sobre uno de los sectores más vulnerables.
Desde el oficialismo, aseguran que las medidas apuntan a ordenar un sistema que, según sostienen, presenta irregularidades y falta de control. En ese marco, se promovieron auditorías sobre pensiones no contributivas por discapacidad, con el objetivo de detectar casos indebidos y reducir el gasto público.
Sin embargo, desde organizaciones sociales y asociaciones vinculadas a la discapacidad advierten que estas políticas podrían traducirse en la pérdida de ingresos esenciales para miles de personas. “No se trata solo de números, sino de derechos básicos y calidad de vida”, señalaron referentes del sector, que denuncian un posible retroceso en materia de inclusión.
El debate también se trasladó al plano político, donde dirigentes opositores cuestionaron el enfoque del Gobierno y reclamaron garantías para proteger a quienes dependen de estas prestaciones. En paralelo, familiares de beneficiarios manifestaron su preocupación ante la incertidumbre generada por los cambios.
En este contexto, la discusión gira en torno a un punto clave: el equilibrio entre la necesidad de controlar el gasto público y la obligación del Estado de garantizar derechos a los sectores más vulnerables. Mientras tanto, crece la tensión y el tema promete seguir ocupando un lugar central en la agenda pública.
Cabe recordar que la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793) se aprobó en julio de 2025, posteriormente, el presidente Javier Milei vetó en su totalidad la Ley de Emergencia en Discapacidad el 4 de agosto de 2025. El 4 de septiembre de 2025, el Senado argentino, con 63 votos positivos, rechazó el veto, ratificando la norma, un hecho histórico que obligó a su promulgación. y fue reglamentada el 4 de febrero de 2026.
