El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires advirtió recientemente que las reiteradas emergencias en el Complejo Industrial La Plata (CILP) de YPF, ubicado en Ensenada, generan una “situación de vulnerabilidad” ambiental y social para la región. 
Esta advertencia surge tras la difusión de un informe técnico de Terratox News que reveló cifras alarmantes sobre la seguridad operativa de la planta. 
Se registraron 232 emergencias de seguridad química entre los años 2017 y 2025.
El 64% de estos eventos fueron calificados como “extensos” (más de un día de duración), acumulando un total de 350 días bajo estado de emergencia en dicho periodo.
La lista de incidentes incluye incendios, nubes de humo, ruidos fuertes por escapes de presión y cortes de luz que interrumpieron procesos críticos. 
El organismo profesional señala que esta desprotección no es un hecho aislado, sino un problema sistémico que afecta a otros polos industriales bonaerenses.

Los puntos clave de su reclamo incluyen: 
Atribuyen la persistencia de estas emergencias a la “ausencia de controles efectivos del Estado” y reclaman una fiscalización más rigurosa y transparente bajo la Ley 7.020.
Advierten que la seguridad química y la prevención de riesgos tecnológicos no deben depender únicamente de la voluntad de las empresas.
La reiteración de alertas sin respuestas concretas mantiene a la población local en un estado de “indefensión”. 
Por su parte, ante incidentes puntuales como resplandores inusuales en las antorchas, YPF ha informado anteriormente que suelen deberse a tareas de mantenimiento o ajustes operativos que requieren la quema de gases por seguridad.

¿Que dice el gobierno?

La información más reciente sobre YPF y el gobierno argentino, hacia abril de 2026, se centra en dos frentes principales, la victoria judicial en EE.UU. que alivia la situación financiera del país y la preocupación por la seguridad ambiental en el complejo industrial de Ensenada.
La Justicia de EE.UU. anuló la condena contra Argentina en el caso de la expropiación de YPF, evitando un pago de aproximadamente 16,000 millones de dólares ordenado inicialmente por la jueza Loretta Preska.

La administración actual celebra este fallo como una “contundente victoria” que evita un impacto enorme en la recuperación económica del país y quita presión sobre el riesgo país.
El gobierno actual y sus aliados critican la expropiación realizada en 2012, calificándola de irresponsable, mientras que el peronismo (a través de figuras como Máximo Kirchner) defiende la nacionalización del 51% de las acciones como un “acto de supervivencia energética”.

El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires advirtió sobre la vulnerabilidad ambiental, señalando que el 64% de los eventos fueron considerados “extensos”.
Se ha exigido mayor fiscalización estatal debido a la repetición de estos problemas en polos industriales, lo que denota una falta de controles efectivos en el complejo productivo. 
En el marco de la “Ley Ómnibus” (inicios de 2024), la administración de Javier Milei modificó su postura inicial y excluyó a YPF del listado de empresas sujetas a privatización, buscando consensos políticos. 
En resumen, el gobierno destaca el fallo internacional favorable que blinda a YPF de un juicio millonario, mientras enfrenta alarmas técnicas sobre la seguridad operativa en sus plantas.