El debate sobre el cumplimiento de la Constitución Nacional en Argentina, reformada en el año 1994, y habiendo transcurrido mas de 30 años, es constante, con sectores advirtiendo sobre su inobservancia y otros proponiendo reformas.
Existen denuncias y debates constitucionales actuales que acusan al Poder Ejecutivo argentino, particularmente bajo la gestión de Javier Milei, de violar o extralimitarse en sus funciones. Las principales críticas se centran en el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs), como el 70/2023, la supuesta
interferencia con el Poder Judicial y el incumplimiento de la separación de poderes, limitan el debate parlamentario y la participación ciudadana.

Parte del espectro político, incluyendo a Cristina Kirchner, ha propuesto reformar la constitución (ej. eliminar elecciones de medio término), mientras otros argumentan que la prioridad debe ser el cumplimiento de lo no realizado, como la nueva ley de coparticipación federal.
Según algunos medios, existen desafíos derivados de la reforma de 1994, particularmente en la integración de órganos como el Consejo de la Magistratura, lo que genera problemas de funcionamiento institucional.
La Constitución garantiza derechos fundamentales y la seguridad social, pero la implementación de políticas de ajuste a veces entra en tensión con la integralidad de estos derechos. 
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha alertado sobre ataques del Presidente a la independencia de la Corte Suprema, lo cual contraviene el régimen republicano.

Sectores de la oposición y constitucionalistas han denunciado que acciones de gobierno respecto a la soberanía de las Islas Malvinas incumplen la Disposición Transitoria Primera de la Constitución.

Se cuestiona la legalidad de que el Ejecutivo asuma facultades delegadas, lo que obligaría al Poder Judicial a determinar la inconstitucionalidad de ciertos actos. 
Estas denuncias forman parte del debate político y judicial, siendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada final de determinar la constitucionalidad de dichas acciones. 

En resumen, la discusión se centra en si las dificultades provienen de un incumplimiento por parte de los poderes del Estado o de la necesidad de adaptar el texto constitucional a la realidad actual