Por primera vez en la historia, las cinco fuerzas federales de Argentina (PFA, Gendarmería, Prefectura, PSA y Servicio Penitenciario) llevaron adelante una protesta conjunta que se desarrollo, el 2 de abril de 2026 en el Edificio Centinela (Retiro), en reclamo por sueldos por debajo de la línea de pobreza, crisis en la obra social y falta de recursos. Esta situación precaria genera desgaste y malestar generalizado
en el personal. 
La movilización unió por primera vez a todas las fuerzas, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y Servicio Penitenciario.
Los efectivos denuncian sueldos congelados o desactualizados frente a la inflación, con muchos agentes cobrando por debajo de la línea de pobreza.
Más allá del salario, hay quejas por la falta de materiales de trabajo, deterioro de instalaciones y deficiencias en la cobertura médica de la obra social.

La precaria situación obliga a muchos agentes a buscar trabajos adicionales para llegar a fin de mes. 
Este escenario marca un punto de alta tensión, con los efectivos calificando la situación de “abandono” y exigiendo una recomposición salarial urgente.
El principal reclamo apunta a los bajos salarios. Según denuncian los efectivos, muchos ingresos quedaron por debajo de la línea de pobreza, lo que obliga a parte del personal a buscar trabajos adicionales para llegar a fin de mes.
A la cuestión salarial se suma la crisis en la cobertura médica. La transición tras el colapso de la obra social (IOSFA) dejó a miles de agentes con prestaciones limitadas o directamente sin cobertura efectiva, lo que profundizó el malestar en las fuerzas.
El conflicto se da en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y falta de actualizaciones salariales desde fines de 2025, lo que incrementó las tensiones en distintos sectores de las fuerzas federales.
La protesta, también expone una contradicción señalada por los propios efectivos:
Mientras el discurso oficial destaca la importancia de “cuidar a quienes nos cuidan”, en la práctica denuncian condiciones laborales deterioradas y salarios insuficientes.
Esta medida llevada adelante, marca un hecho significativo en el ámbito de la seguridad, ya que la articulación conjunta de todas las fuerzas federales no tiene antecedentes recientes y podría abrir un nuevo frente de conflicto para el Gobierno en medio de un escenario social y económico complejo.

La respuesta del Ejecutivo no tardó en llegar, con la intención de desactivar la medida de fuerza, 24 horas antes de la marcha, el Ejecutivo oficializó mediante el Decreto 216/2026 el pago de una suma no remunerativa de  $40.000 y adicionales de hasta  $300.000 según la jerarquía para intentar desactivar la protesta.
Pese al bono, la protesta se mantuvo como un acto simbólico y pacífico, calificado como “alivio transitorio” que no resuelve el problema de fondo.
La protesta ocurrió en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, sin que se aplicara el protocolo de seguridad para evitar cortes de calle.