A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Gobierno nacional de Argentina, bajo la gestión de Javier Milei, difundió un video institucional titulado “Las víctimas que quisieron esconder”. El documental, con una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos, fue publicado este martes 24 de marzo de 2026 en los canales oficiales de la Casa Rosada. 
El mensaje central del video propone una revisión de los hechos de la década del 70 bajo la premisa de la “historia completa” y la “memoria por la verdad y la justicia completa”, buscando visibilizar historias que, según el discurso oficial, fueron omitidas por el relato kirchnerista.

El inicio del video cuestiona duramente la política de derechos humanos iniciada en 2003, calificándola de “visión sesgada y revanchista” que buscaba rédito político y económico.
El material evita usar exclusivamente el término “golpe de Estado” en sus consignas principales y se centra en las víctimas de las organizaciones guerrilleras antes y durante el proceso militar.
El video concluye con un mensaje que apela a la “unión de los argentinos” y a mirar el pasado con libertad para aprender de él.
En dicho material se afirma: “en el año 2003 el Gobierno Nacional Argentino lanzó una campaña política empleando cuantiosos recursos públicos” con una “visión sesgada y revanchista” que “en lugar de sanar las disputas del pasado solo las exacerbó”, según el relato en off de las imágenes.

“Este Gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta la página dándole visibilidad a la historia completa” afirma el trabajo fílmico, en el que se asevera que “cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación”
Además, califica las políticas de en materia de Derechos Humanos como un “fatal experimento narrativo que le costó miles de millones de dólares a los argentinos”.
“Este Gobierno sostiene que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa de aquellos años”, agrega.
El video muestra el testimonio de Miriam Fernández, hija de los desaparecidos Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano, vistos por última vez en mayo de 1977, quien mantiene el apellido del policíaque la anotó como hija propia, Armando Fernández, lo que la llevó a un litigio judicial con Abuelas de Plaza de Mayo.

La mujer es la nieta recuperada 127, según la numeración que siguen las Abuelas, y en el video afirma que vivió su historia “como hija de militares y como hija de desaparecidos” por lo que sostiene: “si yo puedo mirar para adelante y conciliar una historia completa por qué no lo puede hacer la Argentina”.
“Dejemos el pasado en paz, porque a mí mi familia biológica no me la va a devolver nadie, y el dolor que yo viví con mi familia de militares tampoco me lo va a devolver nadie”, afirmó y describió que Fernández
“es mi papá, le guste a quien le guste, sin negar que también tengo mis papás biológicos”.
De igual modo el video recoge el testimonio de Raúl Larrabure, hijo del militar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el Ejercito Revolucionario del Pueblo en 1974, cuando se desempeñaba como subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María.
Larrabure describe que su padre estuvo detenido “en condiciones infrahumanas” en lugares definidos por sus captores como “cárceles del pueblo” con “un camastro y un baño portátil”, donde sufrió “simulacros de fusilamiento y torturas”, en lo que fue “el secuestro más largo de la
historia argentina, con 372 días”. “Queremos que la verdad completa se imponga y que los chicos puedan
discernir qué estuvo bien y qué estuvo mal, porque nosotros somos testigos de esa época”, añadió.
En el vídeo difundido se omite decir, que los crímenes de las guerrillas y la triple A, son considerados crímenes de lesa humanidad para la ley Argentina, y quienes los cometieron deben ser juzgados como tal.
Esta publicación ha generado un intenso debate público en el marco de las movilizaciones y actos por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, donde sectores de la oposición y organismos de derechos humanos mantienen la consigna histórica de “Nunca Más