Una grave confrontación entre las fuerzas y la sociedad.
Hoy, 26 de febrero, se registró una nueva jornada de tensión y detenciones contra
activistas de Greenpeace en el congreso Nacional, sumándose a una tendencia
global de judicialización y endurecimiento de las respuestas estatales ante la
protesta ambiental.
Los hechos se iniciaron cuando un grupo de activistas de Greenpeace fue
detenido en las escalinatas del Congreso de la Nación. Se manifestaban contra el
proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que se debate este jueves.
Los manifestantes pasaron la reja del Palacio Legislativo y desplegaron un cartel
con la consigna “Senadores: no se caguen en el agua”.
Esta situación generó incidentes, que fueron denunciados por los propios
ambientalistas y medios de comunicación por llevarse adelante agresión y
detención a un camarógrafo de televisión del canal A24, que registraba los
hechos, y a varios de los manifestantes.
Organizaciones y medios califican estos hechos como una violación a la libertad
de prensa y al derecho de informar sobre temas ambientales sensibles,
denuncian que se intenta tratar la reforma en sesiones extraordinarias para evitar
un debate público profundo. Argumentan que limitar la participación ciudadana y la
difusión de los impactos ambientales afecta el ejercicio de la libre expresión en
asuntos de interés público.
Esta situación sumó un nuevo capítulo, cargado de tensión política, ambiental y
social. Activistas de Greenpeace realizaron una protesta en las escalinatas del
Congreso de la Nación para rechazar los cambios impulsados en el Senado. El
episodio abrió un debate que va mucho más allá de la reforma ambiental: también
interpela el respeto a la libertad de prensa.
En medio del operativo, un camarógrafo de televisión que estaba cubriendo la
protesta fue reducido y detenido por efectivos de la Policía Federal. Según las
imágenes difundidas y los relatos de colegas presentes, el trabajador de prensa se
encontraba desempeñando tareas profesionales cuando fue empujado,
inmovilizado y retirado del lugar.
Con la modificación de la Ley de Glaciares que propone el gobierno de Javier
Milei, el agua está en juego. Pero no solo en tanto reservas estratégicas de agua
dulce. También, por su importancia para la biodiversidad argentina. Especialistas
advierten que, con el debilitamiento de la normativa que se debate, se pondría “en
riesgo a más de la mitad de las especies de vertebrados del país”.
En el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional 26.639, las
organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina, WCS
Argentina y Fundación Humedales/Wetlands presentaron el informe técnico para
alertar sobre impactos ecológicos, hídricos y climáticos que conlleva reducir la
protección sobre los glaciares y el ambiente periglaciar.
La gestión actual del gobierno nacional en Argentina ha implementado un
esquema de seguridad orientado a priorizar la libre circulación sobre el ejercicio de
la protesta social, lo que ha generado fuertes críticas y acciones legales por parte
de organismos de derechos humanos y la justicia.
Advertencias de Organismos Internacionales
La ONU y la CIDH han expresado su preocupación por el deterioro de las
libertades civiles en Argentina. Han instado al Estado a revisar el protocolo
antipiquetes, investigar el uso excesivo de la fuerza y cesar los discursos hostiles
contra quienes se manifiestan
NOTA: LEB
