_{Durante años fue blanco de denuncias, investigaciones periodísticas y de las propias críticas de Javier Milei. Hoy es uno de los pilares del Gobierno. ¿Qué cambió?}

La política argentina suele convertir los discursos más contundentes en alianzas inesperadas. Pocos casos ilustran mejor esa transformación que el de Diego Santilli.
Antes de llegar a la Casa Rosada, Javier Milei fue uno de sus críticos más duros. En entrevistas televisivas y actos de campaña lo ubicó dentro de “la casta”, cuestionó el origen de su patrimonio, puso en duda sus “negocios” y llegó a afirmar que “no hay nadie que no diga que es un corrupto”. Años después, el mismo dirigente pasó a integrar el círculo más cercano del Presidente y fue convocado para ocupar uno de los cargos más sensibles del Gobierno, en un contexto de crisis política.
La pregunta inevitable es qué ocurrió entre aquellas acusaciones y el respaldo actual.

Un historial atravesado por denuncias

El nombre de Santilli apareció en 2021 en los Panama Papers, la mayor filtración internacional sobre sociedades offshore. Los documentos revelaron la existencia de estructuras societarias vinculadas con integrantes de su familia en jurisdicciones de baja tributación, como las Islas Vírgenes Británicas. Santilli negó haber cometido irregularidades, sostuvo que las sociedades eran legales y afirmó que estaban debidamente declaradas. Hasta el momento, su aparición en esa investigación no derivó en una condena
judicial.
Posteriormente surgieron nuevas publicaciones periodísticas que describieron un entramado de sociedades comerciales vinculadas a integrantes de su grupo familiar en el exterior. Esas investigaciones alimentaron denuncias y pedidos de explicaciones públicas sobre el origen del patrimonio y la utilización de estructuras societarias internacionales, aunque tales cuestionamientos no concluyeron en una sentencia penal condenatoria.
Su paso por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tampoco estuvo exento de controversias.

Fue cuestionado por contrataciones públicas, por el denominado caso Niembro —aunque la causa terminó archivada respecto de los investigados—, por denuncias vinculadas a las inundaciones de 2013, por presuntos favorecimientos en licitaciones y por el uso del sistema de reconocimiento facial, que posteriormente fue declarado inconstitucional por la Justicia debido a irregularidades en su implementación y controles. Existen además denuncias políticas sobre presuntas presiones a empleados públicos para participar en actividades partidarias. Varias de estas causas fueron archivadas o no derivaron en condenas contra Santilli.
Como ministro de Seguridad porteño también quedó bajo cuestionamientos por operativos policiales durante protestas sociales y movilizaciones. Organizaciones de derechos humanos denunciaron excesos en el uso de la fuerza, mientras que la gestión defendió el accionar policial alegando cumplimiento de los protocolos vigentes.

Del enemigo al aliado

Si las denuncias no desaparecieron, ¿por qué Milei decidió convertir a Santilli en un aliado estratégico?
La respuesta parece encontrarse menos en la ética pública que en la necesidad política.
Tras perder funcionarios clave y enfrentar dificultades para construir mayorías legislativas, el Gobierno necesitó sumar dirigentes con experiencia territorial, conocimiento del Estado y capacidad de negociación con gobernadores e intendentes.
Santilli reunía esas condiciones.
Su incorporación consolidó la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, aportando respaldo parlamentario para impulsar reformas y contener una crisis institucional que amenazaba la gobernabilidad.

La gran contradicción

La llegada de Santilli al núcleo del poder deja expuesta una de las principales tensiones del discurso libertario.
Durante la campaña, la denuncia contra “la casta” fue el eje central de la construcción política de Javier Milei. Santilli era presentado como uno de sus exponentes. Sin embargo, una vez en el Gobierno, el Presidente priorizó la construcción de poder y terminó incorporando a dirigentes provenientes del mismo sistema político que había prometido combatir.
Para sus críticos, se trata de una renuncia al discurso original en favor del pragmatismo. Para el oficialismo, en cambio, la prioridad es garantizar gobernabilidad y aprobar reformas, aun mediante acuerdos con figuras de larga trayectoria política.

La trayectoria de Diego Santilli resume esa paradoja: un dirigente rodeado durante años por denuncias, investigaciones y fuertes cuestionamientos políticos, pero que no registra condenas penales firmes por corrupción; un dirigente que pasó de ser presentado como símbolo de la “casta” a convertirse en una pieza central del proyecto de gobierno de Javier Milei.
En la Argentina, los alineamientos políticos pueden cambiar con rapidez. Lo que permanece es la necesidad de que toda denuncia relevante sea investigada con independencia y que la responsabilidad penal solo pueda establecerse mediante decisiones judiciales firmes, mientras la responsabilidad política continúa siendo materia de debate público.