La inflación dejó de bajar al ritmo que esperaba el Gobierno y volvió a convertirse en una amenaza política, económica y social para la administración de Javier Milei. Después de haber mostrado una desaceleración fuerte durante 2024 y parte de 2025, el índice de precios volvió a recalentarse y encendió alarmas en la Casa Rosada, en el mercado y entre los consumidores.
El dato que más preocupa es que ya no se trata solamente de aumentos “puntuales” o estacionales. Economistas y consultoras empiezan a advertir que la inflación volvió a mostrar un componente estructural difícil de perforar. En marzo de 2026 el IPC marcó 3,4% y acumuló casi 10% en apenas el primer trimestre del año.
La principal explicación es que la economía argentina sigue funcionando con una fuerte “inercia inflacionaria”. Aunque el Gobierno sostiene el ajuste fiscal y mantiene el superávit como bandera central, los precios continúan remarcándose por expectativas, contratos indexados, aumentos salariales y una economía todavía marcada por la desconfianza en el peso.
A eso se suma otro problema: el dólar dejó de actuar como ancla estable. El nuevo esquema cambiario y las discusiones permanentes sobre el valor futuro de la moneda norteamericana generaron incertidumbre. Empresas, supermercados, industrias y proveedores siguen cubriéndose ante posibles movimientos cambiarios, trasladando esa incertidumbre a precios.
El Gobierno responsabiliza además a factores externos y sectoriales. Desde el Ministerio de Economía señalaron el impacto del aumento internacional del petróleo, las subas en combustibles, transporte y educación, además del fuerte incremento en alimentos, especialmente la carne.
Pero detrás de esos argumentos aparece una realidad más profunda, la caída del consumo no logró destruir completamente la capacidad de remarcación. Aunque muchos sectores venden menos, los costos siguen aumentando y las empresas intentan sostener márgenes trasladando subas al consumidor.
El fenómeno empieza a generar un desgaste político para el oficialismo. La baja de la inflación era el principal capital simbólico del Gobierno libertario.
Sin embargo, el alivio que se prometía para este año todavía no llega a los bolsillos y crece el malestar social por salarios que corren detrás de los precios.
Las proyecciones privadas ya muestran un escenario menos optimista que el discurso oficial. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central elevó sus previsiones inflacionarias para 2026, mientras que el Fondo Monetario Internacional también corrigió al alza sus estimaciones y proyecta una inflación cercana al 30% anual.
En paralelo, distintas consultoras prevén que la inflación mensual podría mantenerse cerca del 2% o incluso por encima de ese nivel durante buena parte del año, lejos del objetivo oficial de converger rápidamente a niveles internacionales.
El escenario hacia los próximos meses aparece atravesado por tres factores clave:
La evolución del dólar y las reservas.
La capacidad del Gobierno para sostener el ajuste sin profundizar la recesión.
La tensión política y social frente a la pérdida de poder adquisitivo.
En el oficialismo todavía aseguran que la desaceleración volverá y que el segundo semestre mostrará mejores números. Pero en la economía argentina, donde la memoria inflacionaria lleva décadas instalada, la batalla contra los precios parece lejos de estar ganada.
La inflación ya no es solamente un indicador económico. Volvió a convertirse en el termómetro del humor social y en el principal examen político para el Gobierno de Milei.
