_{En medio de la creciente tensión política y judicial que atraviesa el país, una nueva denuncia sacude al oficialismo: acusan al Gobierno de haber favorecido al magistrado que convalidó la controvertida Reforma Laboral, una de las iniciativas más cuestionadas desde la asunción de Javier Milei.}

Según trascendió en ámbitos judiciales y fue replicado por sectores de la oposición, el juez en cuestión habría recibido beneficios institucionales y decisiones administrativas favorables poco después de emitir el fallo que habilitó la aplicación de la reforma. Aunque no se han presentado pruebas concluyentes de un intercambio directo, las sospechas giran en torno a una posible connivencia entre el Poder Ejecutivo y parte del Poder Judicial.
La Reforma Laboral, impulsada por el Gobierno bajo el argumento de “modernizar” el mercado de trabajo, fue duramente resistida por sindicatos y organizaciones sociales, que la consideran un retroceso en derechos adquiridos. Su aprobación judicial fue clave para destrabar su implementación, luego de múltiples presentaciones que buscaban frenarla por inconstitucional.

Desde el oficialismo, voceros cercanos al Ejecutivo rechazaron de plano las acusaciones y las calificaron como “operaciones políticas” destinadas a desacreditar el rumbo económico y judicial del Gobierno. En ese sentido, remarcaron que las decisiones judiciales son independientes y que cualquier insinuación en contrario “atenta contra la institucionalidad”.
Sin embargo, referentes opositores insistieron en la gravedad de los hechos y reclamaron una investigación exhaustiva. “No puede haber dudas sobre la transparencia del sistema judicial, mucho menos cuando se trata de fallos que afectan a millones de trabajadores”, señalaron desde distintos espacios políticos.
El caso abre un nuevo frente de conflicto para la administración de Javier Milei, que ya enfrenta cuestionamientos por su política económica y su relación con distintos sectores del poder. Mientras tanto, la Justicia vuelve a quedar en el centro de la escena, bajo sospecha y presión, en un contexto donde la credibilidad institucional parece cada vez más frágil.