_{Mientras en el Congreso se debate a contrarreloj prorrogar la protección al sector, el Poder Ejecutivo introdujo en la “letra chica” del Presupuesto 2027 un recorte sin precedentes que amenaza con desregular la salud, fragmentar las coberturas y empujar a miles de personas a la desprotección total.}

El colectivo de personas con discapacidad en Argentina enfrenta lo que podría ser el golpe más duro a sus derechos en décadas. A través de los artículos 36 al 41 del flamante proyecto de Presupuesto 2027, el Gobierno nacional no solo pretende derogar los pilares de la Ley 27.793 (Emergencia en Discapacidad), sino que busca reescribir las reglas de juego históricas del sistema de prestaciones básicas. Lo que desde el oficialismo se intenta justificar como una “readecuación de recursos”, desde la oposición y las organizaciones civiles ya se denuncia como un desguace planificado y cruel.

El punto más explosivo del proyecto es la modificación radical del sistema de cobros. Hasta hoy, el sistema se sostiene bajo la premisa de la universalidad y la igualdad de aranceles. El Presupuesto 2027 viene a quebrar esa lógica:

Fin de los valores universales: El proyecto dictamina que el Nomenclador de Prestaciones Básicas ya no tendrá precios únicos.

Desregulación salvaje: Cada ente obligado (obras sociales, prepagas y provincias) podrá fijar sus propios aranceles en negociaciones individuales con los prestadores.

Presión a la baja: Al fragmentar el sistema, los grandes financiadores tendrán luz verde para imponer pagos mínimos, amenazando la continuidad de tratamientos vitales, transporte y apoyo escolar. Las familias se verán forzadas a negociar su salud como si se tratara de una paritaria.

El plan del Ejecutivo no se detiene en los números; implica un drástico retroceso ideológico y de derechos adquiridos:

Regreso al concepto de “Invalidez Laboral”: El proyecto busca derogar el artículo que definía la discapacidad bajo los estándares internacionales de Derechos Humanos (modelo social) para regresar a un anacrónico criterio puramente médico e invalidante.

Castigo al empleo formal: Se elimina la excepción que permitía a una persona conservar su pensión si conseguía un trabajo en blanco con ingresos menores a dos salarios mínimos. Bajo la nueva norma, cualquier vínculo laboral registrado implicará la pérdida automática del beneficio.

Licuación de recursos: Si bien el monto asignado para pagar las pensiones en efectivo crece, el programa de Atención Médica (el que sostiene las terapias y coberturas sanitarias) apenas recibirá un aumento nominal del 2,1%. Frente a una inflación proyectada del 18% al 20% para 2027, esto se traduce en un desfinanciamiento letal en términos reales.

Tensión política: Cortocircuito en el Congreso

La maniobra ha dinamitado los puentes de diálogo en la Cámara de Diputados. La ironía temporal es ineludible, esta embestida llega en la misma semana en que decenas de organizaciones, prestadores y funcionarios provinciales exponían en comisiones para lograr la prórroga de la emergencia (que vence a fin de año).

Legisladores de diversos bloques, como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Juan Marino (Unión por la Patria), han calificado la medida como un avance hacia la discrecionalidad y el abandono. Incluso dentro de las filas aliadas al Gobierno advierten sobre las consecuencias de dejar librados los requisitos de acceso a las pensiones a la pura voluntad del Poder Ejecutivo.