Una nueva tormenta judicial y política golpea al gobierno de Javier Milei. Esta vez, la denuncia apunta directamente contra Manuel Adorni, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, acusados de presunto vaciamiento de Dirección Nacional de Vialidad y del desvío de fondos millonarios que debían destinarse al mantenimiento de rutas nacionales.
La denuncia penal fue presentada entre el 24 y el 25 de mayo de 2026 ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 7 de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires. La presentación fue impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y
Personal Superior de Vialidad Nacional que denuncia supuestos delitos de malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario y falsedad ideológica.

Según la acusación, el Gobierno habría retenido cerca de 400 mil millones de pesos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), recursos que por ley tienen asignación específica para obras viales y mantenimiento de rutas en todo el país. La denuncia sostiene que esos fondos habrían sido utilizados para financiar al Tesoro mediante instrumentos financieros y títulos públicos, mientras la infraestructura vial entra en un deterioro alarmante.

El escrito judicial describe una “quiebra técnica inducida” dentro de Vialidad Nacional, producto —según los denunciantes— de la paralización de obras, el ajuste presupuestario y la falta total de inversión estratégica. Incluso trabajadores del organismo advirtieron que el estado actual de las rutas recuerda al deterioro vivido durante los años noventa.
La denuncia también reabre un viejo debate político: el uso discrecional de fondos públicos en medio de un ajuste feroz que afecta áreas sensibles del Estado. Mientras el oficialismo insiste en mostrar equilibrio fiscal y reducción del gasto, desde sectores sindicales y técnicos denuncian que el “superávit” se estaría construyendo a costa del abandono de funciones esenciales del Estado nacional.
El impacto político es enorme. Porque no se trata solamente de una disputa administrativa: la acusación toca un área extremadamente sensible para el interior productivo argentino.
Rutas destruidas, obras paralizadas y accidentes crecientes empiezan a formar parte de un escenario que ya genera alarma en varias provincias.

Además, la figura de Luis Caputo vuelve a quedar en el centro de cuestionamientos judiciales vinculados al manejo de recursos públicos, en un contexto donde el Gobierno intenta sostener su relato de transparencia y eficiencia económica.
Por ahora, desde la Casa Rosada no hubo una respuesta judicial de fondo frente a la denuncia. Pero el tema ya escaló políticamente y amenaza con convertirse en otro frente de desgaste para un gobierno que enfrenta crecientes tensiones sociales, sindicales y económicas.
La pregunta que empieza a resonar es cada vez más incómoda: ¿el ajuste libertario está ordenando las cuentas o desmantelando estructuras esenciales del Estado argentino?