Ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno, la justicia federal analiza la posibilidad de embargar las cuentas de los funcionarios responsables. Rectores y gremios universitarios impulsan esta medida ante la desobediencia de una norma ya promulgada que obliga a
actualizar fondos, en medio de una profunda crisis presupuestaria y salarial. 
La ley fue aprobada y, tras el intento del Ejecutivo de vetarla y apelar, la justicia confirmó una medida cautelar para su aplicación “inmediata”.
La justicia considera que el no cumplimiento genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”.
Fuentes judiciales señalan que los rectores podrían solicitar medidas más fuertes, como el embargo directo de cuentas de funcionarios responsables, informan  Infogremiales  y Estado de Alerta.
Existe un ahogo presupuestario con una caída real del 33,8% en los fondos universitarios, provocando que se prepare una nueva Marcha Federal para mayo. 
El Gobierno argumenta que el impacto fiscal de la ley es inviable (estimado en $2,5 billones) y busca frenar su aplicación.

La propuesta surgió del juzgado federal de Martín Cormick, el juez que falló en primera instancia en favor del reclamo presupuestario y salarial de las universidades para que el gobierno de Javier Milei cumpla con la ley de Financiamiento Universitario. Si las instituciones superiores avanzan en esa dirección, la Justicia podría embargar las cuentas de funcionarios del Gobierno.

Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, ordenó al Gobierno Nacional, en diciembre de 2025 y ratificado en 2026, cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, exigiendo la actualización de salarios docentes y no docentes y becas, suspendiendo decretos oficiales.

Aunque se menciona el ahogo presupuestario y el riesgo de funcionamiento, la orden principal de Cormick se centra en la aplicación de la ley de Financiamiento, pero en las últimas horas se dejó trascender que los rectores podrían ir además por un “embargo de cuentas” en la disputa de ejecución presupuestaria.
Más aún, teniendo en cuenta que el gobierno nacional avanza con otro proyecto propio de financiamiento en el Congreso que recupera apenas un 12% del salario y el presupuesto de 2025 (cuando la inflación fue del 35%) y 0 (sí, cero) de 2024, cuando la inflación fue del 118%.