El gobierno de Javier Milei ha intensificado recientemente su ofensiva legal y política sobre las áreas de educación Universitaria y discapacidad, buscando frenar leyes de financiamiento que ya fueron ratificadas por el Congreso Nacional. 
El 17 de abril de 2026, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario para suspender el fallo judicial que lo obliga a actualizar los salarios de docentes y no docentes, así como a recomponer las partidas para
becas e investigación.
Hoy vence el plazo legal para que el Gobierno gire aproximadamente $2,5 billones a las 56 universidades nacionales para compensar el atraso salarial y los gastos operativos.
El proyecto de Presupuesto 2026 contempla una partida de $4,8 billones, cifra significativamente menor a los $7,2 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

♿ Discapacidad: Nuevas regulaciones y recortes
El Gobierno también busca modificar profundamente el sistema de apoyo y financiamiento para personas con discapacidad. 
Se anunció el envío al Congreso de un proyecto para reformar la ley vigente bajo el argumento de que el sistema actual compromete el equilibrio fiscal.
El oficialismo impulsa una normativa que establezca requisitos más rigurosos para la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD), alegando que las leyes aprobadas previamente tenían fines
“electorales”.
El sector de prestadores denuncia que los pagos se realizan con tres meses de retraso y que no ha habido una actualización arancelaria acorde a la inflación, lo que ha provocado el cierre de instituciones y la
reducción de servicios como docentes de apoyo y sesiones terapéuticas. 

⚠️ Reacción Legislativa y Judicial
A pesar de la presión del Ejecutivo, el Congreso ha mostrado resistencia a estas medidas.
En diciembre de 2025, la Cámara de Diputados rechazó el capítulo del Presupuesto 2026 que buscaba derogar directamente las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.
La justicia federal ha calificado de “arbitraria e ilegal” la decisión del Gobierno de no aplicar estas leyes, ratificando la vigencia de las normas aprobadas por el Congreso. 
El Gobierno sostiene que estas leyes son “imposibles de financiar” y que conducen al país a la quiebra, mientras que la oposición y los sectores afectados denuncian un desmantelamiento de derechos básicos. 
En base a esto, Javier Milei, impulsa una nueva modificación a la legislación sobre discapacidad con el objetivo de compatibilizarla con el equilibrio fiscal. Esta iniciativa, fue denominada informalmente, de forma confrontativa con el nombre de “Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que busca revisar las pensiones no contributivas tras denuncias sobre presuntas irregularidades.
Este anuncio se produce en un contexto de ajustes profundos en la administración de los recursos estatales, generando debate sobre la protección social de las personas con discapacidad.