El presidente Javier Milei volvió a calificar de “mercenarios” a los periodistas, el pasado 12 de abril, vinculando sus ataques a las críticas recibidas por la reciente reforma de la Ley de Glaciares. 

Este nuevo episodio de tensión se originó tras la aprobación de cambios en la normativa ambiental que flexibilizan la protección de áreas glaciares y periglaciares para permitir actividades mineras. 

Cabe recordar, que el 9 de abril, la Cámara de Diputados aprobó con 137 votos la reforma impulsada por el Ejecutivo, que reduce las restricciones para la explotación de recursos en zonas de reserva de agua dulce.

Milei acusó a los medios de comunicación y a periodistas críticos de ser “mercenarios de la información” que mienten sobre el impacto ambiental para defender supuestos intereses políticos o económicos.

Pese a los intereses económicos y políticos que existen en esta nueva ley, por parte del ejecutivo, y que muy lejos de la realidad que el presidente expresa sobre algunos medios o periodistas mercenarios, Organizaciones como Greenpeace y FARN advierten que estos cambios son “regresivos” e inconstitucionales, ya que podrían comprometer el acceso al agua potable a largo plazo, entre otras consecuencias de gran impacto ambiental.

El presidente ha mantenido una escalada verbal contra la prensa, compartiendo videos y mensajes en redes sociales donde identifica a los medios como parte del “lado oscuro” y los acusa de traicionar a la patria.

Las acusaciones de traición a la patria, para el ejecutivo, por como los denomina a los medios de comunicacion, tiene un concepto difrente, ya que carga el mismo Javier Milei con este tipo de denuncias, que provienen principalmente de denuncias penales impulsadas por sectores de excombatientes y figuras políticas, centradas en acciones que estos consideran una vulneración de la soberanía nacional y de la Constitución Argentina.

Algunas de las cuales son:

• La Confederación de Combatientes de Malvinas presentó denuncias alegando que el presidente contradijo la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional. Se le cuestiona haber sugerido o reconocido el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas en entrevistas con medios británicos.
• Se han radicado denuncias por la firma de decretos (como el DNU 697/2025) que autorizan el ingreso de fuerzas militares extranjeras al territorio nacional sin seguir los canales legislativos habituales.
• Críticos y excombatientes señalan una postura “complaciente” ante el Reino Unido y una excesiva alineación con potencias extranjeras (como EE. UU. y la OTAN) que, según los denunciantes, comprometería la independencia nacional y los recursos estratégicos.
• : Algunos comunicadores, como Santiago Cúneo, han anunciado denuncias basadas en el alineamiento del mandatario con intereses de otros Estados por encima de los nacionales. 

Organizaciones ambientales y sectores de la oposición han advertido que la modificación de la ley fue diseñada para favorecer proyectos mineros específicos que estaban bloqueados por el inventario nacional de glaciares. 

A pesar de las críticas de organismos internacionales y locales sobre la libertad de expresión, el Gobierno ha defendido el uso de redes sociales como su principal canal de comunicación directa para “exponer” a quienes consideran operan en su contra.