La Justicia ratificó hoy, 31 de marzo, que el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. 
La decisión fue tomada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y confirmó una medida cautelar previa.

Los puntos principales del fallo incluyen: 

 El Gobierno debe ejecutar la ley aprobada por el Congreso, la cual había sido objeto de disputas tras intentos de veto y falta de actualización de fondos.
 La medida ordena cumplir con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, que refieren a la recomposición de los salarios para docentes y no docentes.
 También se ratificó la obligación de actualizar los montos destinados a las becas para estudiantes. 

Esta resolución surge a partir de una demanda impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas universidades públicas, como la UBA, ante el reclamo por la emergencia presupuestaria del sistema educativo superior. 
Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.

En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.

Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.
Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el
Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo.

El conflicto con las universidades

El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en
distintas provincias.
En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la
decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que
ya había contado con la aprobación parlamentaria.
A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.
Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso
apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a
las universidades.