El Gobierno nacional intensifica su política de reducción del gasto público y prepara nuevos recortes en la estructura del Estado que podrían concretarse hacia finales de marzo, en el marco del plan impulsado por el presidente Javier Milei.
La tarea está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien encabeza el proceso de revisión de organismos públicos con el objetivo de achicar la planta
estatal y reorganizar su funcionamiento.
Entre los organismos que se encuentran bajo revisión aparecen la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Dirección Nacional de Vialidad.

En el caso de Vialidad Nacional, el Gobierno inició un proceso de retiros voluntarios sobre una planta de aproximadamente 5.000 trabajadores, con una reducción estimada del 10%, lo que representaría unos 500 puestos menos.
Un proceso similar se lleva adelante en los medios públicos, donde se implementó un plan de retiros voluntarios en Radio y Televisión Argentina y en Contenidos Públicos, con el objetivo de reducir parte
de la planta de 2.200 empleados.
En paralelo, el Gobierno busca acelerar la venta de terrenos de las Fuerzas Armadas como parte de la nueva etapa de la reforma del Estado. En el Ejecutivo aseguran que el relevamiento patrimonial detectó una gran cantidad de predios, en especial del Ejército, que incluyen campos de grandes extensiones y otros inmuebles.

La revisión de activos inmobiliarios se da en paralelo con el plan de privatizaciones que la Casa Rosada busca activar durante este año. En el ejecutivo, mencionan entre los procesos más inmediatos los casos
de Correo Argentino, Intercargo, Belgrano Cargas y Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), que forman parte de la hoja de ruta del Ministerio de Economía.
En el entorno del jefe de Estado sostienen que la reforma del Estado entrará en una etapa de mayor ejecución administrativa en 2026. El objetivo del oficialismo es avanzar tanto con la venta de activos
inmobiliarios como con privatizaciones y concesiones de empresas públicas para darle más volumen a las arcas del Tesoro.