Prestadores y familiares de afiliados con discapacidad reclaman a IOMA por
deudas acumuladas, pagos desactualizados, y la falta de implementación del
nuevo nomenclador 2026, lo que genera interrupción de servicios y abandono de
tratamientos. Movilizaciones y denuncias por quiebras técnicas son frecuentes,
tramites pendientes de auditorías con grandes demoras, como si las prestaciones
que necesitan las personas con discapacidad entendieran de tiempos… los
perjuicios por el incumplimiento que viene llevando sistemáticamente IOMA, traen
consecuencias directas sobre los pacientes que no pueden realizar sus terapias,
tratamientos o no cuentan con la continuidad ininterrumpida de la medicación que
en muchos casos es crónica. Los prestadores de servicios de salud, no pueden
seguir sosteniendo un sistema perjudicial, de incumplimiento de la ley, los
profesionales como todos los sectores de la salud y educación que prestan
servicios a personas con capacidades diferentes, tiene carga social, familias y una
vida por la que deben responder, y esto no está sucediendo. Lo que IOMA está
haciendo encuadra en abandono de persona, y esto debería ser sancionado y
penado como lo establece la ley.
El abandono de persona en el ámbito de la salud es un delito (Arts. 106-108 del
Código Penal Argentino) que ocurre cuando un profesional o responsable pone en
peligro la vida o salud de alguien incapaz de valerse, ya sea desamparándolo o
desatendiéndolo (omisión de auxilio), con penas de 2 a 15 años de prisión según el
daño. Se configura por la interrupción de asistencia necesaria y puede ser doloso.
Entonces lo que está llevando acabo el ejecutivo de la provincia de Buenos Aires,
el director del IOMA, Homero Giles, y el Ministro de Salud De la Provincia de
Buenos Aires, Nicolás Kreplak, sistemáticamente, omitiendo los numerosos
reclamos presentados, debería ya tener intervención de la justicia, más aún cuando
entró en vigencia la ley de emergencia en discapacidad, contemplando una
cobertura integral.

La situación de la ONG APADEA de La Plata que asiste a jóvenes y adultos con
autismo refleja una crisis generalizada en el sistema de prestaciones de IOMA, que
enfrenta graves denuncias por falta de pago acumuladas desde octubre. Esta
demora ha puesto a diversas instituciones y profesionales en una situación de
“desesperación”, ante la imposibilidad de sostener los servicios básicos para
personas con discapacidad. 

Deuda acumulada: La obra social bonaerense no ha regularizado los pagos desde
octubre, lo que afecta directamente el funcionamiento operativo de las
organizaciones y el salario de los prestadores.
Impacto en los servicios: La falta de fondos impide costear terapias,
acompañantes terapéuticos y transporte, servicios esenciales para jóvenes con
autismo, o cualquier otra discapacidad.
Reclamos vigentes: Diversos sectores, incluidos psicólogos, acompañantes
terapéuticos y centros de salud de La Plata, han advertido sobre la suspensión de
la atención si no se normalizan los pagos y se actualizan los valores según el
nomenclador nacional.
A pesar de los reclamos en la sede central de La Plata y los pedidos de informes
en la legislatura, las instituciones continúan exigiendo una respuesta inmediata
para evitar el cese total de sus actividades
Está misma situación, se replica en otros centros terapéuticos dónde familiares de
personas con diversas discapacidades, se expresaron, manifestando que ya han
recibido avisos de posible discontinuidad de los tratamientos debido a la falta de
pago desde hace meses por parte de la obra social IOMA, lo que genera una gran
angustia e incertidumbre en la comunidad. De esta forma expresaron: 
“Se denuncian atrasos de pagos por meses, en acompañantes terapéuticos (AT) y
cuidadores domiciliarios (CD), como así también en centros terapéuticos a los que
las personas con discapacidad asisten a realizar sus terapias a diario”, en muchos
casos las familias absorben gastos que por la crisis en el sistema son trasladados
al bolsillo de las familias.
“Existe un alto riesgo de suspensión de prestaciones en centros terapéuticos y
transporte”.
“La situación se ve agravada por la falta de actualización de los aranceles, que
llegan a ser un 61% inferiores a los valores nacionales”. Aún cuando en nación
sigue habiendo grandes conflictos por incumplimiento de PAMI, Incluir Salud
y diversas obras sociales nacionales, según manifestaron desde el
Foro Permanente Discapacidad y agregaron, “está situación esta
generando dificultades para sostener el funcionamiento de
instituciones y servicios destinados a personas con

discapacidad en el marco de la Ley 24.901, que regula el sistema
de prestaciones básicas.
La burocracia que implementó IOMA, pone tanto al sistema de salud, a los
prestadores de servicios, a los afiliados y a sus familiares ante una franca
situación de fragilidad, emocional y física, que atenta en todos los conceptos con
la integridad humana.

NOTA: LEB