Aunque organizaciones del sector denuncian que la suba es insuficiente
Si bien el Gobierno asegura que el cálculo tiene base en el IPC, organizaciones
del sector aseguran que esta actualización “se calcula sobre una base errónea y
atrasada, por lo que no da respuesta al espíritu de la Ley de Emergencia en
Discapacidad”.
Entidades que dan asistencia advierten que la falta de actualización de aranceles,
el retraso en los pagos y el corte de subsidios ponen en riesgo la continuidad de
centros de día y talleres en un contexto que registra una decena de cierres en un
año.
Las personas con discapacidad enfrentan crecientes dificultades para sostener
sus tratamientos y espacios de atención y contención debido a la crisis que
atraviesan las instituciones que las asisten. Los aranceles, en muchos casos
desactualizados, y las demoras en los pagos afectan su funcionamiento. Mientras
algunos ya cerraron sus puertas en la Región, otros sobreviven con esfuerzo,
poniendo en riesgo su continuidad.
Esta situación muchas veces deja expuestos a los pacientes. Por ejemplo,
familiares de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) denuncian que
algunos centros terapéuticos de la Región exigen “aportes extra” pese a que la
cobertura por discapacidad debe ser del cien por ciento, generando gastos
mensuales elevados que muchas familias no pueden afrontar
¿Que dice el comunicado del Foro permanente discapacidad Promoción y
Derechos?
El documento en resumen aborda la crisis del sector que brinda servicios a
personas con discapacidad en Argentina, destacando los siguientes puntos
principales:
Crisis en el sector prestacional: Los aumentos en los aranceles son
insuficientes, lo que genera una situación crítica para los prestadores. La Ley
27.793 declaró la emergencia en discapacidad y busca compensar la diferencia
entre los aumentos y la inflación, pero esta compensación aún no se ha aplicado
correctamente, lo que genera un atraso en los valores arancelarios.
Problemas con Incluir Salud: El Programa Federal de Salud (Incluir Salud) tiene
atrasos en los pagos desde octubre de 2025, afectando la continuidad de los
servicios. Además, la facturación de diciembre de 2025 y enero de 2026 no ha
sido procesada, lo que agrava la crisis financiera de los prestadores.
Régimen de regularización de deudas: Se reglamentó un régimen de
emergencia para regularizar deudas tributarias, lo que representa un alivio para
los prestadores. Sin embargo, se critica la falta de voluntad política del gobierno
para fortalecer el sector.
En resumen, el documento denuncia la falta de cumplimiento de la Ley 27.793 y
los atrasos en los pagos, lo que profundiza la crisis en el sector de servicios para
personas con discapacidad.
NOTA: LEB
