La crisis en el sector de la discapacidad en Argentina ha alcanzado niveles
críticos, caracterizada Por el desfinanciamiento y la falta de actualización de
aranceles ante la inflación, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos y
terapias para miles de personas. La situación ha forzado el cierre de instituciones
y la precarización de prestadores, consecuente mente quedando rehenes de estás
políticas las personas más vulnerables, y sus familias, que cargan con la gran
responsabilidad de tener que conseguir los recursos necesarios para proveer una
calidad de vida digna a quienes no eligieron ser poseedores de ciertas condiciones
muchas veces limitantes, Dicha situación a provocado la exigencia de una Ley de
Emergencia en Discapacidad, ley que en el mes de Julio del 2025 se aprueba en el
congreso nacional. El Gobierno nacional dilató la implementación de la Ley de
Emergencia en Discapacidad (№27793) condicionando su aplicación a la
disponibilidad presupuestaria tras su sanción, solicitando al congreso que informe
de dónde obtener los fondos para la implementación de la misma, y acá es donde
claramente el presidente no tiene claro el rol de los tres poderes, el congreso
sanciona leyes y el ejecutivo es quien debe garantizar el cumplimiento de las
mismas en un gobierno democrático en conjunto con sus ministros de turno. A
pesar de las exigencias del Congreso y reclamos judiciales, el Ejecutivo demoró
hasta el 4 de febrero del 2026 para su reglamentación parcial, mediante el Decreto
84/2026, 7 meses que La inflación fue ganando la batalla frente, a los
discapacitados, prestadores de salud, instituciones, medicamentos etc. La
demora se justificó en la falta de recursos, el equilibrio fiscal y el rechazo a la
norma por considerarla un modelo asistencialista, demostrando claramente que
para el Gobierno Nacional, los discapacitados son una carga social, un número
negativo en el equilibrio financiero, ya que no le aportan según su forma de
accionar, nada positivo, por el contrario… En este sentido, se debe aclarar, porque
se entiende con esta actitud que el presidente no lo sabe, que la discapacidad es
una condición, que en muchos casos se nace con esta, y en otros se puede
adquirir en el transcurso de la vida por diversos factores exógenos a cada
individuo, por ende ningún ciudadano que habita en esta tierra está exento de
algún día tener que necesitar de la asistencia y amparo de dicha ley, que tantas
luchas, marchas, reclamos y vidas han costado.
Puntos Clave de la Crisis (2024-2025):
 Colapso de Prestaciones: La falta de actualización de aranceles por parte
del Estado ha dejado a instituciones, transportistas y profesionales de la
salud al borde del colapso, en muchos casos teniendo que trasladar a las

familias costos extras para poder brindar una prestación, que muchas
veces por los escasos recursos no es de calidad.
 Ajuste y Recortes: Se han denunciado recortes presupuestarios en la
Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la caída en el financiamiento
real del programa Incluir Salud. Dicha agencia a sido motivo de varios
titulares por denuncias de corrupción, que a la fecha nunca fue aclarada.
 Impacto Social: Esta situación genera un círculo de pobreza y exclusión,
restringiendo el acceso a educación, trabajo y rehabilitación vitales para los
mas vulnerables, dejándolos excluidos de la inserción social y a derechos
igualitarios.
 Demoras en Pagos: Los prestadores reportan demoras de meses para
recibir los pagos por sus servicios, lo que ha llevado a la interrupción de
procesos terapéuticos, incrementado la deuda con muchos hospitales
como lo es el Garrahan, que muchas veces sus trabajadores han dejado
expuesta esta situación en las calles de la ciudad. Cerraron la atención
pediátrica en centros de excelencia como la fundación Favaloro, se
recortaron convenios con obras sociales, numerosos médicos especialista
dejaron de atender por obras sociales, debido a la precarización que eso les
costaba.
 Ley de Emergencia: A pesar de las necesidades urgentes y la aprobación
legislativa de ciertas medidas, persisten demoras en la implementación de
soluciones estructurales y la compensación económica al sector. 
La situación en el Conurbano bonaerense y otras regiones del país se describe
como dramática, siendo una problemática que ha superado gestiones de gobierno
y pone en juego derechos fundamentales.
La obra social de los empleados de la provincia de Buenos Aires IOMA, mantiene
un nomenclador precarizado, con coberturas miserables, con salarios a
prestadores muy por debajo de la línea de la pobreza, con burocracias agotadoras
ante los reclamos de los tratamientos de los pacientes con CUD, siendo está una
situación que si bien se agudizó en los últimos años, no es nueva. IOMA, fue
desfinanciada por los sucesivos gobiernos que han pasado en la provincia de
Buenos Aires, sin importar la bandera política.

NOTA: LEB